La incorporación política de Hispania a los dominios de Roma no supuso la ruptura radical con las viejas tradiciones y ordenamientos jurídicos de los pueblos primitivos. La diferencia cronológica entre la conquista de unos y otros lugares y el distinto nivel cultural de cada zona condicionaron también el grado de asimilación de la cultura y de las estructuras jurídicas y políticas romanas. En consecuencia, el proceso de integración en el mundo romano se produjo a través de diferentes etapas.
El estatuto de peregrinos de los "hispani"
A lo largo de los casi tres primeros siglos de presencia romana en Hispania, pocos hispani llegaron a ser distinguidos con el rango político que les equiparara a los ciudadanos de Roma a través de concesiones particulares de latinidad o de ciudadanía. La mayoría de ellos mantuvo la condición de peregrini, así como su organización y sus Derechos indígenas. Salvo lo establecido en disposiciones concretas dadas por Roma para Hispania en su exclusivo interés, aquéllos mantuvieron sus estructuras sociales y sus costumbres y siguieron respetando y celebrando pactos intergentilicios.
El acceso de los "hispani" a la latinidad
En torno al año 74 d.C. suele situarse cronológicamente un acontecimiento relevante para Hispania: la concesión de la latinidad a todos sus habitantes por el emperador Vespasiano. Era la primera vez que se adoptaba una medida tan generosa y de tan notables consecuencias, ya que mediante ella se situaba a las provincias de Hispania en posición especial y privilegiada frente a otras del Imperio.
Las razones que impulsaron al emperador a distinguir a una parte de su Imperio no son conocidas, aunque se ha creído interpretar su decisión como la recompensa a la lealtad de las guarniciones hispanas que, junto a las de Siria, le habían ayudado a proclamarse emperador.
A partir de entonces, los hispanos recibieron la condición de latini coloniarii y con ella un ius latii minus, que les permitía un commercium limitado, pero las consecuencias más notables de la concesión se manifestaron en el orden administrativo, ya que muchas ciudades se empezaron a organizar como municipios romanos (quizá más de 350) y muchos de sus vecinos, tras desempeñar cargos municipales de corte romano, se incorporaron plenamente a la ciudadanía romana y pudieron regirse por el Derecho romano. Pero a pesar de este cambio tampoco desaparecieron los principios y las instituciones indígenas, a veces ni en los ámbitos rurales, ya que sus habitantes mantuvieron en gran medida sus viejas costumbres.
Los "hispani", ciudadanos romanos
La concesión de la ciudadanía romana por Caracalla, al afectar a todo el Imperio, también repercutió entre los hispani, si bien hay que advertir que una gran parte de la población de Hispania ya había accedido a la ciudadanía, bien por concesiones directas o por la vía indirecta, ya señalada, del ejercicio de cargos en municipios organizados según el prototipo romano. A quienes, en cambio, benefició claramente la disposición de Caracalla fue, sobre todo, a los que, desconectados de la vida política activa municipal, no habían tenido aquella oportunidad.
Aún así, si bien desde el año 212 todos eran ciudadanos romanos y la organización política y jurídica debió extenderse a todos, dejando de constituir una situación privilegiada, no es posible olvidar que el sistema romano es propio de una sociedad fundamentalmente urbana y que sólo una parte de la población de Hispania se concentraba en las ciudades, por lo que la integración de los hispani en el mundo político y jurídico romano fue más teórica que efectiva.
Fuente:
Manual de Historia del Derecho (Temas y antología de textos).
Enrique Gacto Fernández, Juan Antonio Alejandre García, José María García Marín.
Páginas 35-37.
